Del monte a la U

245 desmovilizados estudian en la universidad

El 1 de octubre y el 1 de agosto de este año, se trazaron las líneas de un camino al que nadie le quitará el ojo. Informe especial de El Universitario sobre lo que pasa con los desmovilizados que van a ser profesionales.

Ilustración por: Luis Carlos Cifuentes

Desde que Esteban Torres era campesino en Santiago Pérez, Tolima, la sombra de las FARC lo acompaña día a día. Cuando apenas cursaba tercero de primaria, empezó a tener contacto con el movimiento. Poco tiempo después, ingresó a las filas del grupo. Durante toda su adolescencia, junto con su hermano, hizo parte de la red urbana guerrillera de Ibagué. Por las noches pudo terminar el bachillerato en un colegio de esa ciudad, sin embargo, no tener libreta militar y un mal puntaje en el ICFES no le dieron para ingresar a una universidad.

Ahora, después de haberse reincorporado a la sociedad a través de la Ley de Justicia y Paz hace dos años, estudia Ingeniería Electrónica porque cree que es una carrera con muchas perspectivas laborales así como porque ser profesional evidencia, según él, una clara superación.

Desde que entró como cualquier estudiante a la universidad, no ha mencionado su pasado guerrillero porque está seguro de que su situación cambiaría. Igual no tiene muchos amigos, ni oportunidad para contar sus anécdotas insurgentes. Esteban prefiere ser reservado y atenerse a cualquier estigmatización. Sabe que en su universidad, cuyo nombre prefirió no revelarnos, hay movimientos de izquierda que lo condenarían por ‘traidor de la causa’.

Torres se siente diferenciado por su pasado y quiere ser tratado y visto como los demás. No pretende que desconozcan su historia militante o esconderlo por miedo al señalamiento. Por el contrario, quiere ser reconocido como individuo, con errores y virtudes como todos. A pesar de que le cueste vincularse en la práctica, tiene convicciones que quiere manifestar.

Ejemplos de vida como el suyo, en este país violento, hay innumerables. Pero casos de reintegrados formándose como profesionales, no tantos.

¿Cuál ha sido la estrategia para que los desmovilizados puedan tener una vida común y corriente? ¿Qué se ha hecho para que dentro de sus objetivos de vida esté graduarse de la universidad?

Puede que la educación profesional no sea el primer paso para vincular los desmovilizados a la sociedad. Primero tienen que ser satisfechos sus problemas de salud, sus inconvenientes psicológicos, sus necesidades materiales y, claro, su formación escolar. Sin embargo, muchos de ellos conocen el inmenso poder del conocimiento y una vez dejaron las armas, desean que aumenten las oportunidades de elegir una carrera. La situación actual es reflejo de que el proceso está apenas empezando. Muchos han tenido que convertirse en vendedores ambulantes, delincuentes o incluso indigentes.

Sobre el tema, Eduardo Pizarro, presidente de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) dice que “en este momento no nos está yendo tan mal como cree la opinión pública. Solamente el 5 % de los desmovilizados han vuelto a la vida criminal. La labor pedagógica es muy importante para que las comunidades barriales, campesinas y educativas tengan una actitud favorable con estos jóvenes desmovilizados, y les permitan tener una oportunidad de reinsertarse a la vida civil.”

Aun así, el porcentaje de reintegrados que acceden a una formación educativa sigue siendo muy bajo y, según Pizarrro, debe ser una prioridad. Hoy existen unos 44 mil desmovilizados alrededor del país que han superado las fases iniciales, de los cuales la mitad son analfabetas funcionales. Sólo 245 están estudiando una carrera universitaria gracias a las becas dadas por la Alta Consejería Presidencial para la Reintegración. Ante esta cifra, un objetivo a largo plazo, ciertamente, tiene que ser que todos tengan la oportunidad y sean capaces de estudiar. Hoy hay más de 10 mil desmovilizados graduados del bachillerato y la meta es que en un año sean 30 mil. Sin embargo, es necesario obrar para que el mayor porcentaje posible de esos bachilleres sigan su proceso de formación en una universidad.

La intención (no solo) es lo que vale

En el 2006, la Alta Consejería creó un convenio con el ICETEX (Instituto Colombiano de Crédito y Estudios Técnicos) en la línea de crédito educativo a largo plazo Acces (Acceso Con Calidad a la Educación Superior) para que los 4500 desmovilizados con título de bachiller que se suponía habría para finales de ese año, ingresarán a un pregrado. Se trataba de un crédito para financiar el 75 % de los programas académicos para los desmovilizados tanto en universidades públicas como privadas.

Esto nunca llegó a realizarse. Primero, porque tuvieron que ponerle diferentes restricciones a los porcentajes hasta el punto de estar obligados a violar algunas de las pautas firmadas en el convenio con el ICETEX. En segundo lugar, en el momento incipiente del programa, tuvo lugar el cambio de gobierno presidencial. Como ese convenio estaba a cargo del Ministerio del Interior y Justicia, y en adelante iba a estar en manos de la naciente Alta Consejería, tocó volver a empezar. De todas maneras, como nos contó Lina Espinosa, Coordinadora Nacional de educación de la Alta Consejería, fue una oportunidad para replantear en mejores términos el programa, sobre todo, porque no había pautas de compromiso por parte de los desmovilizados.

Para los que fueran a estudiar mientras la transición, se creó un Acta de Compromiso que, en la medida en que los desmovilizados mantuvieran un buen promedio y asistieran a clase, se les pagaría el 100 % de la matrícula. Y se ha dado: Esteban Torres, el campesino opita, es un ejemplo.

En efecto, él nos contó que para entrar al programa no tuvo ningún requisito sino aplicar y llevar el recibo a la Alta Consejería. En su caso específico, junto con varios compañeros, redactaron un derecho de petición exigiéndole al Estado que les brindara el derecho a la educación e interviniera donde no los querían aceptar. Sin embargo, cree él, les dieron la plata para callarlos. “A mi me favorece -dice Torres- pues no tengo deudas ni compromisos, pero si pienso en otros compañeros, veo que es necesario que se legalice este convenio para que estudien.”

A por le grado

Hoy, un año después, el tema se vuelve a flote. En efecto, el 1 de octubre se firmó un nuevo convenio de educación superior con el ICETEX. Es un fondo de becas y manutención -10 salarios mínimos al año durante toda la carrera- que busca ayudar a los desmovilizados a estar en la universidad. La idea inicial es que el fondo de crédito -en las becas- o desarrollo social -en la manutención- pueda vincular a las empresas privadas a la causa. La mitad del dinero será propiciada por esas empresas y la otra por el Estado. Juntos reunirían 4 mil millones de pesos y será el ICETEX quien se encargue de la observación del rendimiento de los desmovilizados; quienes, por su parte, tendrán que ser de estrato 1, 2 o 3 y haberse matriculado.

Por segunda vez la Alta Consejería se alía con el ICETEX para dar un empujón a los desmovilizados en su proceso de formación como ciudadanos. Y aunque el 1 de octubre fue un día importante, no es ahí donde los colombianos debemos tener nuestros ojos. Lo que viene, en cambio, será objeto de permanente examen por parte de nosotros los estudiantes. Frank Pearl, el hombre que lidera todo esto, el Alto Consejero Presidencial para la Reintegración Social y Económica de Grupos Alzados en Armas, dice que si queremos que aporten desde su experiencia y convicciones políticas a la democracia, necesitamos darles los medios y argumentos.

Además de esta nueva etapa que vive la proceso, sabemos del programa de aprendizaje técnico y tecnológico que se ha llevado a cabo en el SENA que busca capacitar a los excombatientes para que tengan un nivel competitivo de trabajo (ver recuadro). Sin embargo, el mismo Frank Pearl nos decía que es importante pensar en esto como una solución momentánea que responde a las circunstancias actuales. El objetivo tiene que ser que todos sean profesionales, y no simplemente técnicos en panadería, criminalística o mecánica, por ejemplo. El hecho de que sólo cinco de cada cien colombianos sea profesional, no quiere decir que una prioridad a largo plazo no sea que los ex combatientes también se puedan graduar de la universidad.

José Alfredo Mejía, un costeño que se desmovilizó el año pasado en un proceso colectivo del bloque Simila, Copey (César) con Jorge 40, dice que cuando llegó a Bogotá empezó a estudiar criminalística -una disciplina que, según él, llama mucho la atención de los ex paramilitares- porque no se creía capaz de cumplir el nivel intelectual que implicaba una carrera profesional. Ahora está empezando a estudiar Relaciones Internacionales en la Universidad Militar porque sabe que las convicciones anti subversivas que alguna vez lo hicieron ser paramilitar durante 12 años, pueden ser fundamentadas con argumentos sólidos y académicos. Incluso quiere irse para Europa a terminar su carrera universitaria.

Otras obsesiones

Pizarro nos hizo caer en cuenta del importante papel que juegan en esto las universidades. “Si no hay un esfuerzo gigantesco de ellas para acompañar este proceso, vamos a fracasar”. Y a pesar de que no hayan sido tan evidentes, nos enteramos de un programa bastante interesante que se está llevando a cabo en Medellín (ver recuadro) y de una reunión que se realizó el 1 de Agosto en Barranquilla con más de 140 rectores universitarios para consolidar los intereses de todos en una sola causa: hacer de la relación desmovilizado-Universidad, algo más fácil.

Los rectores fueron convocados por el CNRR y la ASCUN (Asociación Colombiana de Universidades) para poner sus instituciones y estudiantes a disposición de la política de reintegración. Van a desarrollar en Barranquilla, con extensión a Sincelejo y Valledupar, un proyecto académico de contenido social orientado a favorecer la educación y mejoramiento de condiciones de vida de las víctimas de la violencia.

A las manos de El Universitario, llegó el proyecto que dejó dicha reunión: Proyecto piloto de servicio social de la educación superior. Lo que deja ver el documento es que se van a juntar profesores, estudiantes y funcionarios para “aportar al análisis y la compresión de los diversos aspectos académicos y técnicos en el desarrollo de un modelo de servicio social para la educación superior”. El proyecto no solo quiere mejorar las condiciones de vida de las comunidades afectadas por la violencia sino hacer que su formación escolar y superior sea real y eficiente.

Las necesidades de las victimas serán estudiadas por el CNRR y de ahí se formularán planes de trabajo llevados a cabo en lugares adecuados para el determinado propósito de cada región y población. Los temas que se tratarían buscan dar una orientación legal y jurídica sobre derechos y normatividad en defensa de los derechos civiles de las víctimas a través de sesiones de atención psicosocial a las victimas. “Para el desarrollo de la atención a víctimas en aspectos legales, psicológicos y sociales, se adelantará la organización y coordinación para la prestación de los servicios de apoyo en las sedes de la CNRR de las respectivas ciudades. Para ello es necesario el traslado de alumnos y profesores por una semana cada mes durante un período electivo de cuatro meses a las zonas en mención.”

Tareas a largo plazo

Es evidente que el Estado y otras instituciones privadas están haciendo un gran esfuerzo para que la reintegración, en términos de educación, sea completa. Sin embargo, como nos decía Pearl, hay mucho por hacer para que los exbeligerantes tengan la posibilidad de estudiar una carrera universitaria como cualquier otro ciudadano.

Y en ese sentido, el programa, además de lograr que los desmovilizados estudien, también debe hacer un esfuerzo para que en el momento en que entren al campus académico, sean tratados como iguales. Estudiar no es sólo ir a clase, se trata también de un contacto con una red de relaciones sociales que cotidianamente interpreta el pasado de cada quien. El primer día de clases los estudiantes entran a un nuevo mundo que debe recibirlos como seres librepensadores y presentarse como un ex combatiente es difícil (el caso mencionado de Estaban Torres, es ejemplar). Pero no debe serlo, como explica Pearl. El estigma peyorativo del desmovilizado tiene que ser reemplazado por una actitud acogedora y solidaria.

Mejía, el costeño exparamilitar, nunca mencionó su pasado porque sabía que en el momento que contara que reclutó gente en la universidad Manuela Beltrán de Bogotá, lo iban a juzgar y rechazar. Y lo mismo le pasa hoy en día a Esteban Torres: no es capaz de revelar su pasado e identidad por miedo a que los demás se rehúsen a hacer un trabajo en grupo con él.

Eduardo Pizarro asegura que se ha dado cuenta de que la mayoría de los universitarios están de acuerdo con el proceso de reconciliación. Sin embargo, “van a haber reacciones diversas. Los grupos altamente politizados probablemente van a considerar que los desmovilizados de las AUC son infiltrados  de las agencias de inteligencia y los van a mirar con profunda desconfianza. Y los que tengan postura hacia la derecha, van a mirar a los desmovilizados de la guerrilla como un riesgo potencial. Yo creo que la posibilidad de una visión politizada y desconfiada va a ser profundamente negativa. El  mayor riesgo que corremos es que los desmovilizados sean mirados como parias sociales o criminales potenciales. Ésta mirada se convierte en rechazo y éste rechazo se traduce en que estos jóvenes, ante el rechazo social, reincidan en la vida criminal”.

No es fácil que de un momento a otro los estudiantes vean y entiendan a los desmovilizados como personas iguales. Muchos piensan que no han pagado su pena aun acogiéndose a la ley que los absuelve de sus delitos. Al fin y al cabo, los desmovilizados hicieron parte de movimientos que le hicieron mucho daño al país. ¿Cómo decirle a un estudiante cuyo padre fue asesinado por las AUC, o a uno cuyo hermano está secuestrado por las FARC, que debe hacer un trabajo con alguien que fue integrante de alguno de estos grupos? Las víctimas directas del conflicto armado que vive este país hace 50 años, tienen derecho a repudiar a una persona que en el pasado integró las filas del grupo delincuente. Asimismo, tampoco es justo que los desmovilizados tengan más de facilidades para estudiar que cualquier delincuente común.

Sin embargo, según Pizarro, oponerse a la desmovilización y a su reintegración social discriminándolos, es negar una realidad que el país, tarde o temprano, tiene que vivir. Los reintegrados están tratando de aprovechar la oportunidad que les dio el Estado para reivindicarse y hacer una vida.

Pearl incluso les ha dicho que no muestren su carné de desmovilizado porque hay  razones de seguridad para negar su identidad y pasado. La sociedad todavía los rechaza como sucedió con el famoso caso de los albergues en Teusaquillo hace un año. Para evitar eso, la Alta Consejería se ha inventado todo tipo de actividades comunitarias para vincularlos a la sociedad y para que los mismos gremios que los rodean se conscienticen del proceso de reintegración.

Se puede afirmar que la gran mayoría de los colombianos están de acuerdo con el proceso de desmovilización, pero no todo el mundo sabe hasta qué punto está dispuesto a verlos y tratarlos como cualquiera. Es difícil que el proceso sea asimilado en la práctica. Muchos de ellos prefieren salir del proceso de reintegración a ganarse la vida de la forma más eficiente posible: como vendedores, mensajeros, panaderos o mecánicos. Estudiar es difícil y dispendioso, sus frutos son intangibles y sólo se ven en el futuro.

Pearl nos decía que es necesario que los exmilitantes se porten bien: que se ganen la confianza entre los ciudadanos. También es fundamental que participen en los proyectos que los vinculan a las comunidades. Lograr la realización de estos dos puntos es una tarea a largo plazo.

Según Pearl, es muy pronto para estar pensando en un número de desmovilizados profesionales. Con mucho escepticismo, habló de 2.000. Sin embargo, dice que la idea no es graduarlos de cualquier universidad, ni con un bajo promedio. Son personas muy inteligentes y al ser éste un sistema de incentivos, aun a largo plazo, es realizable. “Al hacerlos estudiar, ellos entienden su valor. El día que nosotros dejemos de discriminar a los otros por su pasado, podemos pensar en lograr la paz.”

La ruta es la educación

Para que los ex combatientes salgan de la delincuencia y la pobreza en la que muchos han caído por falta de oportunidades, es necesario concentrarse en su formación, sus capacidades integrales y sus valores cívicos. El posconflicto -cuya existencia en Colombia es debatible- puede ser más violento que la misma guerra. Y ejemplos en la historia hay muchos. En Colombia ya estamos viviendo experiencias que nos deben servir de alarma. Hay ciudades como Valledupar, Bucaramanga o Cúcuta donde las tasas de homicidio se han disparado, en buena medida, impulsadas por jóvenes desmovilizados sin oportunidades. Pizarro dice que “incluso por egoísmo, incluso simplemente por evitar vivir en un país más incluyente en el futuro, tenemos que hacer un esfuerzo para reintegrar a estos jóvenes a la vida civil y darles la oportunidad de encontrar en la educación un espacio para encontrar salidas positivas a futuro.”

Recuadro 1

Un ejemplo del valor del conocimiento

Fernando Barbosa, desmovilizado de las FARC hace 2 años, nos contó que la idea de estudiar cuando estaba en las filas era nutrirse de conocimiento para aplicarlo en el grupo insurgente. “Pero lo que sucedió -dice- fue un fenómeno contrario. Empecé a hacer otra lectura de los hechos y el saber se volvió contraproducente, operó en mi manera de pensar”. Fernando se graduó de psicología social en el programa de educación a distancia de la Universidad del Magdalena mientras era militante. “Fue un golpe de suerte”, dice, pues aunque tardó 8 años en terminarla, es consciente de cómo influyó en la decisión que tomó en el 2005: dejar las armas y reintegrarse a la sociedad.

Casos como éste son clave para entender que es fundamental que un programa de desmovilización favorezca el acceso a las universidades y carreras tecnológicas. La educación es fundamental y tiene que ser una prioridad.

Recuadro 2

Buenas nuevas

El SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje) tiene un programa que se concentra en la formación técnica de los desmovilizados. Nos lo contaba Fabiola Bonilla Montaño, Coordinadora Nacional del programa de formación académica de la Unidad de Reintegración Económica de la Alta Consejería. Los requisitos son asistencia, buen rendimiento y estabilidad psicológica y social. A diferencia del programa del ICETEX que tiene una parte importante de desarrollo social en la manutención, el del SENA tiene como gran objetivo la formación esencial para trabajar. En teoría es obligatorio que todos los desmovilizados estén matriculados en un colegio, o en un programa técnico o tecnológico como el del SENA que dura mínimo 3500 horas. Por ahora, a diferencia del otro, el convenio sigue en manos de del Ministerio del Interior y Justicia. Sin embargo, en la práctica es administrado por la Alta Consejería que en noviembre oficializará esta alianza, pero continuará apoyando el programa con docentes y dotación para el trabajo técnico, como lo ha venido haciendo.

Por otra parte, por cada joven desmovilizado que entra a la Universidad de Antioquia, entran tres jóvenes de la comunidad. Lo mismo pasa en el SENA: por cada joven desmovilizado que entra a esa entidad, tres jóvenes de la comunidad paisa también ingresan. Todo, con el objeto de romper la idea de que el crimen paga.

Publicado en El Universitario en Noviembre de 2007